Según informan los rotativos de información económica la sanción ha sido de 16 millones de euros tanto para Philips como para Sony y de 2,4 millones de euros para Panasonic.

El organismo encargado de la competencia en el país vecino ha conseguido pruebas fehacientes que demuestran que los tres fabricantes mencionados pusieron en marcha, entre 1997 y 2002, un sistema para controlar el cumplimiento por parte de los distribuidores del acuerdo de precios impuesto.

Al parecer, y según un diario económico nacional, el origen del caso se halla en una demanda de la firma de distribución Avantage, que en 1997 vendía a precios más bajos que sus competidores y tuvo problemas de suministro en determinados productos de las tres marcas sancionadas.

Avantage denunció que esta situación se debía a la no aceptación de los acuerdos de precios mínimos fijados por los tres fabricantes mencionados.

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