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El Parlamento Europeo aprueba una normativa de reparaciones de dispositivos
23 noviembre, 2023
La nueva normativa europea promueve las reparaciones de dispositivos tecnológicos y electrodomésticos.
El Parlamento Europeo ha promovido y aprobado una nueva normativa para reforzar el «derecho de reparación de dispositivos« de los consumidores y fomentarlo, reduciendo así los residuos, el consumo masivo y su impacto medioambiental. La propuesta busca incentivar un modelo más sostenible, por lo que se facilitará la reparación de bienes tecnológicos defectuosos u estropeados y se apoyará al sector de la reparación.
Algo importante en este tema es la garantía legal de los productos, con diferentes plazos establecidos por la Eurocámara dependiendo de la tipología de producto. Dentro de este período, según la nueva normativa europea los vendedores estarían obligados a dar prioridad a la reparación, si resulta más barata o de igual coste que la sustitución de los dispositivos. La excepción sería que la reparación no sea factible o conveniente para el consumidor.
Sin embargo, una vez pasado este plazo, el consumidor quedaba sin amparo. Ahora, el Parlamento amplía su derecho a pedir la reparación de artículos como lavadoras, aspiradoras, smartphones o bicicletas, una vez vencida la garantía. Además, propone ampliar un año la garantía legal en caso de reparación durante dicho período.
Para incentivar a los consumidores a pedir reparaciones, antes de optar por una nueva compra, los europarlamentarios fomentan la idea de que los fabricantes faciliten dispositivos de sustitución en préstamo para el usuario, durante el tiempo que dure la reparación. Asimismo, si no fuera posible arreglarlo, se podría ofrecer uno reacondicionado.
Mercado de reparaciones más competitivo
Muchas veces, los consumidores descartan la reparación por un elevado coste o dificultades para acceder a este tipo de servicios. Según el Parlamento, los usuarios finales y reparadores independientes tendrían acceso a todas las piezas de recambio, así como información y herramientas para los arreglos a un coste razonable.
El diputado alemán René Repasi ha comentado que «el Parlamento apoya de manera sólida el derecho de los consumidores a la reparación. Podemos decir que estamos respondiendo a una demanda ciudadana. La gente quiere alargar la vida útil de sus dispositivos, pero suele ser demasiado caro o difícil. Hemos adoptado esta normativa europea para animar a los consumidores a elegir la reparación antes que la sustitución de los dispositivos defectuosos. Esperamos que el Consejo fije su posición pronto, para poder empezar las negociaciones«.
Así, se crearán plataformas online en todos los Estados miembros para crear una red de servicios locales de reparación, así como de vendedores de productos reacondicionados, para que los consumidores consulten aquellos más cercanos a su zona. Para hacerlo más asequible y atractivo, la Eurocámara quiere ofrecer bonos e incentivos económicos, con fondos nacionales de reparación.
Acuerdo europeo por la gestión de RAEE
Por otro lado, el Consejo y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo provisional sobre las enmiendas propuestas a la legislación europea en materia de recogida y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El objetivo de las modificaciones era alinear la Directiva Europea de RAEE con una sentencia del TJUE. El Tribunal dictó que la aplicación retroactiva de la responsabilidad ampliada del productor a los residuos de paneles fotovoltaicos comercializados entre 2005 y 2012 era injustificada.
Gestión de RAEE.
El acuerdo tomado apoya el contenido de la propuesta inicial de la Comisión y aclara ciertos aspectos de la Directiva marco. Las modificaciones propuestas indican que los costes de la gestión y eliminación de los residuos de paneles fotovoltaicos comercializados después del 13 de agosto de 2012 son los que recaen sobre el fabricante del producto.
Así, la responsabilidad ampliada del productor de artículos eléctricos y electrónicos añadidos al ámbito de aplicación de la directiva el 15 de agosto de 2018 debe aplicarse a los productos comercializados después de dicha fecha.
La ministra española para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, ha declarado que «el acuerdo hoy alcanzado aportará la seguridad jurídica necesaria en cuanto a quién debe sufragar los costes de gestión de estos residuos de alto riesgo«.
El acuerdo introduce una cláusula de revisión de la directiva para antes de 2026. La Comisión deberá presentar una propuesta legislativa, acompañada de una evaluación de impacto socioeconómico medioambiental. También se deberá velar porque los costes de gestión de los RAEE no recaigan desproporcionadamente en los consumidores.
El acuerdo provisional se presentará ahora a los representantes de los Estados miembros en el Consejo y a la comisión de medio ambiente del Parlamento Europeo para su aprobación.
*Para más información: europarl.europa.eu/es/ / consilium.europa.eu/es/
23.11.2023
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