Según un información publicada en el diario digital Qué! el pasado 4 de diciembre, la Asamblea francesa ha aprobado, dentro de la Ley de Transición Energética, castigar con multas de hasta 300.000 euros y dos años de cárcel a los fabricantes que pongan fecha de caducidad a sus productos. De esta manera, Francia se convierte en el primer país en legislar contra la obsolescencia programada.

 

Esta iniciativa es un paso más de una tendencia que ya se venía dando en Europa. Concretamente, el órgano consultivo de la Unión Europea, el Comité Económico y Social Europeo (CESE), aprobó hace un año un dictamen que, además de prohibir totalmente la obsolescencia programada, proponía las medidas para combatir esta práctica. Por un lado, establecía que las propias empresas faciliten la reparación de los productos, y por otro, apostaba por la realización de campañas para acabar con la obsolescencia estética (la constante renovación de productos por razones diferentes al desgaste o malfuncionamiento). Tambié proponía establecer un sistema de etiquetado de durabilidad, de manera que el consumidor pudiera elegir entre un producto barato de menor duración, o bien uno más caro pero más duradero.

Pero ¿qué es la obsolescencia programada?
El concepto de obsolescencia programada, o el intento por parte de los fabricantes de reducir el ciclo de vida de vida de un producto, creando la necesidad ficticia de una constante renovación, e incluso acortando la vida de un bien antes de que éste se desgaste (dada la falta de repuestos o la imposibilidad de desmontaje), apareció por primera vez en 1932 en una obra de Bernard London, como forma de acabar con la Gran Depresión que atravesaba América incentivando el consumo. Años más tarde, con el consumismo implantado definitivamente como sistema económico, esta idea se implantó completamente en la sociedad.

Problemas y responsablidad
A los tribunales de todo el mundo han llegado bien pocos casos relacionados con la obsolescencia programada. Se puede destacar el juicio a Apple en el año 2003 por no ofrecer recambio de las baterías de sus reproductores de música iPod y similares, en el que la empresa tuvo que compensar a sus clientes con 50 dólares, una extensión de la garantía y el cambio del reproductor dañado.

Y es que demostrar que se ha introducido un defecto de forma deliberada resulta muy complicado, y más cuando muchos fabricantes reiteran que los fallos en sus productos se deben a que son fabricados de una forma más eficiente y salen al mercado a unos precios más bajos. Pero la culpa no es sólo de ellos: según algunas encuestas, por ejemplo, el 75% de los consumidores cambian de teléfono móvil antes de que éste se estropee, y es que existe en la sociedad una gran presión psicológia que hace que el usuario sienta una necesidad inexistente de adquirir los últimos modelos de aparatos electrónicas, con las consecuencias económicas y medioambientales que este hecho conllleva.