Este impuesto se pretende que esté vigente antes del próximo verano, después de que el Consejo Ejecutivo haya dado el primer paso al aprobar la memoria del proyecto de ley. Ante esta posibilidad, la patronal tecnológica AMETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales) hace suya la postura de Sergi Casamitjana, director de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) de Terrassa, que considera que Corresponde al Departamento de Cultura de la Generalitat hacer una política responsable que favorezca el cine catalán y no dejar en mano de las operadoras de Internet la obtención de recursos.

AMETIC insiste en que, de llegar a hacerse realidad esta tasa, tomará las decisiones y adoptará las medidas que entienda más oportunas en defensa de los interesas de sus asociados, que en este caso son las compañías operadoras asociadas a AMETIC. Igualmente, como ya han declarado las empresas que se verían afectadas, de aprobarse esta medida, teniendo en cuenta la información obtenida hasta la fecha y el texto definitivo, iniciarán acciones legales tendentes a su anulación, lo que realizarán ante las instancias jurídicas correspondientes, tanto en ela ámbito autonómico como nacional y europeo.

Tasa rechazada por las operadoras
La nueva tasa, según afirma AMETIC, en modo alguno es aceptada por el conjunto de las compañías operadoras con base en Cataluña, y es una muestra más de cómo a este sector se le intenta obligar a incurrir en unos costes innecesarios que nada tiene que ver con la prestación de servicios en condiciones económicas rentables. Asimismo, la medida anunciada por el Gobierno catalán, de concretarse, Supondría un nuevo esfuerzo para un sector que ya hace frente a una severa presión fiscal con multitud de impuestos y tasas procedentes de distintas administraciones y organismos. No debe olvidarse que la imposición fiscal en el mercado de las comunicaciones electrónicas es la más elevada de todos los sectores económicos.

Según AMETIC, Desde el año 2002 el sector de las comunicaciones electrónicas es el que soporta mayor presión en el Impuesto sobre Actividades Económicas. También ha de hacer frente a numerosas tasas nacionales, como la tasa por operador, por numeración o por la utilización del espectro radioeléctrico, junto con las tasas locales por utilización del dominio público y financiación del coste neto del servicio universal para la prestación de servicios en zonas no rentables, a lo que se unen ecotasas medioambientales en claro incremento.

Adicionalmente, en palabras de la patronal tecnológica, El sector soporta tasas y tributos para atender a necesidades de terceros, como las necesarias para financiar RTVE, 0,9% de  los ingresos, y 1,5% de los ingresos audiovisuales de los operadores de acceso condicional, impuesta por la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Español; además del 5% de los ingresos audiovisuales incluidos en la Ley General Audiovisual dedicada a financiar las producciones audiovisuales europea y española, que entendemos viene a cubrir lo que ahora pretende imponer la Generalitat.

Un desincetivo para la inversión
AMETIC considera que continuar incrementando cargas en el sector puede conducir a desincentivar la inversión para el despliegue de las nuevas redes fijas y móviles de alta capacidad, unas infraestructuras imprescindibles para contribuir a que España forme parte del nuevo ecosistema digital, y para el desarrollo de servicios que puedan prestarse a través de estas redes. Así, la patronal considera que es precisamente ese despliegue donde deben concentrase ahora todos los esfuerzos.

AMETIC quisiera, asimismo, poner de manifiesto que medidas como la que pretende la Generalitat son contrarias al espíritu del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que precisamente busca crear el marco adecuado para facilitar las inversiones necesarias para el desarrollo de la economía digital. En opinión de AMETIC, este tipo de propuestas son contrarias a la unidad de mercado y a la simplificación administrativa que inspira esta norma, y en ningún caso fomenta la inversión facilitando el despliegue de redes de nueva generación.

El despliegue de redes de banda ancha, señala la Comisión Europea, deber ser alentado por los reguladores nacionales y no penalizado como está sucediendo en España, continúa AMETIC. Anuncios recaudatorios como el ahora comentado producen el efecto contrario a lo que se debería pretender, dificultan gravemente la creación de servicios de última generación y en modo alguno ayudan a la consecución de los objetivos de la Agenda Digital para España.

Finalmente, AMETIC quiere reiterar, Como representante del sector más interesado en el desarrollo de la economía digital y atendiendo a los argumentos expuestos, nuestro más absoluto rechazo a este impuesto anunciado por el Gobierno catalán por considerarla injusto y arbitrario.

* Para más información:www.ametic.es