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SOGO

Acusan a la distribución de querer beneficiarse económicamente de la Directiva RAEE

29 julio, 2005

El 13 de agosto entra en vigor el Real Decreto 208/2005 de 25 de febrero sobre aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), con dos objetivos claros: impedir el vertido de sustancias tóxicas y reutilizar los componentes aprovechables. La norma se basa en el principio de que quien contamina paga, y establece que la gestión adecuada de este tipo de residuos es responsabilidad de los fabricantes e importadores. Los consumidores, por su parte, están obligados a desprenderse de estos residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en los lugares establecidos para ello.

La ley obliga a indicar de forma expresa en la factura de compra el desglose al usuario del coste de derivado de la gestión de los residuos históricos (todos aquellos puestos en el mercado antes de la entrada en vigor del Real Decreto), algo que, según Ecolec y la OCU, algunos distribuidores no quieren hacer. Ambos organismos revelan que los argumentos que ha esgrimido la distribución a su favor son que sus sistemas informáticos no están preparados para aceptar una facturación desglosada. Ileana Izverniceanu, de la OCU, opina que parte de la distribución pretende vulnerar uno de los derechos básicos del consumidor: el derecho a la información, además de desobedecer de forma clara el mandato de la norma. Este Real Decreto se publicó hace seis meses y la distribución tiene conocimiento de su obligatoriedad, añade. José Ramón Carbajosa, director general de Ecolec, critica la decisión de la distribución: Que no puedan desglosar al usuario el coste de repercusión de la gestión de los residuos debido a que sus sistemas informáticos no están preparados, nos lleva a la conclusión de que van a aplicar su margen comercial sobre este coste, lo que les puede llegar a generar unos ingresos atípicos y éticamente muy dudosos de unos 90 millones de euros que están saliendo del bolsillo de los consumidores?.